Soberanía, comercio e inversiones


Competitividad y Desarrollo Local

La reciente suspensión de beneficios comerciales por parte de Estados Unidos y una declaración en la OMC han puesto en jaque la capacidad de Argentina de ejercer políticas económicas soberanas.

En la última semana, dos acontecimientos han sacudido las relaciones internacionales argentinas. En primer término, el gobierno de EEUU decidió suspender los beneficios comerciales que percibía la Argentina en represalia por no haber pagado todavía a dos empresas estadounidenses una suma cercana a los 300 millones de dólares. Dicha suma surge de lo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Argentina. Luego, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 40 países liderados por Estados Unidos y la Unión Europea firmaron una declaración en la que critican la política comercial argentina y manifiestan su “preocupación” por la implementación de las Licencias no Automáticas. En ambos hechos, se destaca que la repercusión mediática y la presión política predominan por sobre las consecuencias económicas efectivas.

El 26 de marzo, el gobierno de Estados Unidos suspendió a la Argentina del Sistema General de Preferencias (SGP) lo que se haría efectivo en 60 días. El SGP implica la renuncia por parte de Estados Unidos a aranceles a las importaciones para ciertos bienes provenientes de países en desarrollo. Las firmas exportadoras argentinas beneficiadas con el SGP vendieron en 2011 por 477 millones de dólares a Estados Unidos lo que representa un 11% de las exportaciones a ese país y un 0,6% de las exportaciones argentinas totales. Estados Unidos renunció en 2011 a cobrar 18 millones de dólares en aranceles por los productos que serían desafectados. Por la tanto, de concretarse esta medida, las consecuencias económicas efectivas serían menores.

Sin embargo, este hecho invita a reflexionar acerca de las causas que ocasionaron esta decisión por parte de la administración Obama. El reclamo es porque Argentina debe el pago de alrededor de 300 millones de dólares a favor de Azurix y Blue Ridge de acuerdo a los fallos del CIADI. La primera es una ex concesionaria de agua y cloacas mientras que la segunda es un fondo de inversión que adquirió los beneficios del reclamo de CMS Gas Transmission Company, una firma accionista minoritaria en Transportadora de Gas del Norte.

La firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la adhesión al CIADI caracterizó a la mayoría de los países en desarrollo que, a mediados de la década de los ochenta, comenzaron a competir para atraer mayores flujos de Inversión extranjera directa (IED). En Argentina, durante la década del noventa, las privatizaciones, la desregulación y la apertura neoliberal profundizaron este proceso. La adhesión voluntaria al CIADI tenía como objetivo garantizar la seguridad jurídica del inversor. Las teorías dominantes entonces (y aún hoy lo hacen) consideraban que la credibilidad brindada por un sistema de resolución de controversias internacionales era fundamental para atraer inversiones foráneas. No obstante, el propio Banco Mundial (del que depende el CIADI) reconoce la poca importancia de esta variable para atraer capitales. Países como Brasil o la República Popular China que lograron mantenerse al margen del CIADI no tuvieron menores flujos de inversiones sino todo lo contrario. Por otro lado, las inversiones en Argentina se dirigieron hacia privatizaciones o a la adquisición de empresas preexistentes con lo cual la calidad y la importancia para el desarrollo de dichas inversiones son muy cuestionables. Vale destacar que los pliegos de licitación de las privatizaciones imponía como condición para la adjudicación del servicio que el operador fuera una empresa con experiencia en el sector. Esto equivale a decir que no sea una empresa local ya que la prestación en Argentina siempre había sido estatal. Paradójicamente, la mayoría de las empresas europeas que llegaron a Argentina para hacerse cargo de las empresas privatizadas eran de tipo público.[i]

La dependencia del CIADI para resolver controversias con empresas extranjeras es muy costosa. Se trata de un esquema poco transparente; los inversores pueden introducir reclamos con mucha facilidad; el sistema fue concebido originalmente como un arbitraje entre privados por lo que no considera que un protagonista es un Estado soberano; no hay posibilidad de revisión ante un fallo internacional por parte de la justicia local; tampoco es posible acumular causas similares porque el CIADI no es un sistema sino que se trata de Tribunales ad hoc. [ii] En síntesis, el sometimiento voluntario al CIADI implica diversos riesgos que van desde la ilegitimidad de los procedimientos y una mala interpretación jurídica a costos excesivos en honorarios y compensaciones. A esto se puede agregar la discriminación contra las empresas nacionales que no cuentan con la misma protección que las extranjeras.[iii]

Muchos de los litigios en el CIADI contra la Argentina fueron iniciados por empresas prestadoras de servicios públicos porque las normas regulatorias de la década del noventa indicaban que dichas empresas tenían la potestad de cobrar las tarifas en dólares. Luego de la devaluación del año 2002, las empresas foráneas consideraron que la pesificación y desindexación de las tarifas eran motivos suficientes para presentarse en el CIADI en contra de la Argentina. Asimismo, la regulación por parte del Estado de las empresas prestadoras de servicios públicos queda trunca ante la amenaza por parte de estas últimas de iniciar un litigio en el CIADI. Es decir, sancionar a una empresa o anular un contrato a causa de un incumplimiento no resulta una decisión sencilla. De esta manera, las políticas económicas y, principalmente, las políticas regulatorias quedan restringidas por la amenaza de una presentación ante el CIADI.

La otra noticia tiene fecha 30 de marzo. La misma indica que Estados Unidos, la Unión Europea y otros doce países firmaron un documento en la OMC en el que critican la administración de la política comercial argentina. Desde el gobierno argentino, se resaltó que los países denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y la República Popular China) no cedieron a las presiones para firmar la declaración. Estos cuatro países, que también permanecieron ajenos al CIADI, tienen economías de gran tamaño por lo que no son tan vulnerables a las presiones como los países en desarrollo medianos o pequeños. Además, Brasil y China son los principales socios comerciales de la Argentina.

En 1995, en un contexto de apertura neoliberal, se cerró la Ronda Uruguay de la OMC. La misma implicó que los países en desarrollo tomen nuevos compromisos y logren pobres resultados en aquellas áreas más sensibles para los países desarrollados (principalmente la agricultura). El objetivo de la OMC es lograr la apertura comercial mundial mediante la reducción de los aranceles y la restricción a la aplicación de medidas paraarancelarias. Lo cierto es que los países que hoy son desarrollados utilizaron este tipo de instrumentos de política comercial para desarrollar su estructura productiva cuando aún no lo eran. Pero en vez de permitir que los países en desarrollo hagan lo mismo, luego de que ellos subieron, “patearon la escalera” para quedarse con las actividades productivas más rentables[iv].

Como las variaciones en el nivel de las importaciones de un país están directamente relacionadas a las variaciones de su producto, las importaciones de los países europeos que atraviesan fuertes procesos de ajuste no crecen o lo hacen levemente. En cambio, las importaciones de los países en desarrollo que fueron los que más crecieron, sí aumentan (aunque en distintas medidas). De esta forma es que los países desarrollados pretenden trasladar a los países en desarrollo parte de sus crisis: quieren que el incremento de las importaciones de estos últimos sostenga la demanda en sus propias economías. El papel que juega la OMC va en este mismo sentido.

Para concluir, de lo sucedido en esta última semana se desprenden varios aspectos a considerar. Algunos tienen que ver directamente con lo sucedido: Argentina tendrá que asumir las consecuencias económicas de ser suspendida del SGP estadounidense o negociar el pago a las empresas beneficiadas por el CIADI teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas represalias en el futuro; también deberá prever la posibilidad de que los países firmantes de la declaración en la OMC inicien acciones en ese organismo contra la Argentina si no modifica su política comercial. Para hacer frente a los dos hechos considerados en este artículo, sería importante fortalecer la relación con los BRIC y otros países en desarrollo a fin de disminuir aún más la dependencia comercial argentina de los países desarrollados y mejorar su poder de negociación.

Otro aspecto a considerar es la incompatibilidad entre un modelo de desarrollo enfocado en la industria y tratados internacionales pro apertura alcanzados en la década del noventa. Los tratados perduran en el tiempo más allá de los paradigmas ideológicos que los sostuvieron al momento de ser firmados. Los compromisos internacionales, como son los adquiridos ante la OMC y el CIADI, pueden significar severas restricciones a la implementación de políticas económicas. Las consecuencias de las políticas neoliberales en la Argentina no finalizaron con la crisis del año 2001.

Finalmente, vale resaltar que las políticas económicas (apreciación cambiaria, apertura comercial, privatizaciones, desregulación de las inversiones, etc.) que condujeron a la crisis del año 2001 fueron dictaminadas desde el FMI cuyo socio mayoritario con poder de veto es Estados Unidos. Muchos de los reclamos ante el CIADI se originaron en dicha crisis cuando las empresas privatizadas dejaron de percibir tarifas dolarizadas. Resulta paradojal entonces que sea Estados Unidos quien reclame por “falencias” que no le son del todo ajenas.

El autor es economista.


[i] Stanley, Leonardo, “Acuerdos bilaterales de inversión y demandas ante Tribunales Internacionales: la experiencia argentina reciente” en Revista de la CEPAL , Santiago de Chile, CEPAL, octubre de 2004.

[ii] Ibidem.

[iii] Mortimore, Michael y Stanley, Leonardo, “Standing Tall: BRICs improve FDI impacts and reduce risks” en Working Group on Development and Environment in the Americas, Discussion Paper n° 29, enero de 2010.

[iv] Chang, Ha-Joon, Bad Samaritans. The myth of free trade and the secret history of capitalism, Bloomsbury Press, Nueva York, 2008.

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