Stop tortura: 30 años de promesas incumplidas


En el 2014 se conmemoran 30 años del compromiso asumido por la comunidad internacional respecto a la problemática de la Tortura, mediante el establecimiento, a través Naciones Unidas, de la “Convención contra todas las formas de Tortura”. Aun así, nos encontramos con una realidad muy lejana a la completa desaparición de este flagelo.

En Mayo de 2014 Amnistía Internacional, dando cuenta de esta situación, elaboró y publicó un informe acerca del estado de la Tortura en el mundo revelando, región por región, que gran cantidad de individuos alrededor del mundo, todavía se sienten inseguros ante la probabilidad de ser víctimas de prácticas tortuosas por parte de funcionarios que responden a sus respectivos gobiernos.

La organización ha reconocido que de los ciento cincuenta y cinco estados que han firmado y ratificado la ya mencionada convención, son ciento cuarenta y uno los que han presentado desde sistemáticas prácticas, hasta casos aislados de tortura. Y es a raíz de esto, que a esta situación se la ha considerado como una “crisis global de barbarismo, fallas y miedo”.

No obstante, si el marco legal que prohíbe éstas prácticas ya existe ¿De qué manera puede la comunidad internacional garantizar la seguridad a quienes formamos parte de ella? Y principalmente, si las prácticas tortuosas son concebidas como crímenes al derecho internacional, y aún más, como crímenes de lesa humanidad en algunos casos ¿Por qué se ha visto desdibujado el papel de los organismos que tienen como emblema la condena y sanción a quienes perpetren dichos crímenes (ej: Corte Penal Internacional)?

La respuesta a dichos interrogantes la encontramos principalmente en la falta de voluntad de los Estados. En primera instancia, la falta de voluntad en hacer cumplir hacia dentro de sus fronteras, los convenios firmados y ratificados; y en segunda instancia, la falta de voluntad por parte de los gobiernos en cooperar con la labor de los organismos jurídicos internacionales.

Ahora bien, ¿Qué pretende el informe de Amnistía Internacional? Primariamente, se buscó “Un alto a la Tortura” para “asegurar la protección de todo individuo frente a la tortura”, y se enfoca también en la revisión de los sistemas de custodia de los Estados: el sistema jurídico y leyes, las fuerzas policíacas, las fuerzas militares especiales, los servicios secretos, etc.; con la finalidad que se establezcan garantías para los individuos que conlleven al cumplimiento de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas.

El sistema de garantías propuesto en el informe, contempla principalmente los posibles casos de tortura durante el arresto y/o detención de sospechosos, para lo cual identifica diversas medidas de salvaguardia en diferentes etapas: el arresto, la detención, el proceso judicial, el interrogatorio y el período posterior a la liberación.

También se plantea, dentro del grupo de las garantías que se buscan implementar, la necesidad de los gobiernos de colaborar con los organismos de derechos humanos, internacionales y regionales en la vigilancia, control y puesta en marcha de estas medidas de salvaguardia propuestas por Amnistía.

El documento presentado, además, contempla cinco países en los cuales la violación de los derechos humanos mediante la proliferación de prácticas torturantes, ha sido sistemática: Filipinas, México, Marruecos, Nigeria y Uzbekistán; y son los Estados sobre los cuales se centra la campaña.

Se destaca, a su vez, que los grupos más vulnerables (mujeres y niños), son quienes se han encontrado más expuestos al sufrimiento de este flagelo, y por tal motivo, también constituyen un foco de atención para la campaña a desarrollarse.

Resulta evidente, luego de la revisión del informe, que la frase expuesta por Amnistía Internacional: “Los gobiernos tienen dos caras en lo que respecta a la tortura, la prohíben en el ámbito de la ley y la facilitan en la práctica”; es completamente acertada.

Se observa, la falta de voluntad de los gobiernos por aplicar los convenios y tratados firmados. En primer lugar, aproximadamente el 90% de los estados firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, han incumplido en algún punto con lo en ella se estipula; y en segundo lugar, la inacción contra la violación sistemática de los derechos humanos frente a prácticas tortuosas, constituidas como crímenes de guerra y/o contra la humanidad; implica el incumplimiento de los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Entonces, lo que queda, es acercarnos a la visión de Amnistía que demuestra que el hecho de que estas prácticas se hayan expandido en lugar de reducirse, durante los últimos 30 años, significa que son perpetradas y/o avaladas por los mismos gobiernos. Las torturas practicadas a grupos de activistas o protestantes contrarios a los gobiernos, han sido las que más han crecido.

Un gran interrogante es lo que resta por responder: si Naciones Unidas nada ha podido hacer frente al crecimiento desmedido de ésta problemática; y si la condena internacional no ha funcionado como estimulante a la prohibición de la tortura en los estados ¿De qué manera se puede, entonces, garantizar a los individuos su completa seguridad?

Enlace al informe completo aquí.

infografia informe contra la tortura

 

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