Jair Bolsonaro y el retorno de los militares


Política y gobierno

Lucas Barreña

Periodismo (UNDAV)

Un 31 de marzo de 1964 más de tres mil militares brasileños se sublevaron y dos días después, en la madrugada del 2 de abril, tomaron Río de Janeiro para derrocar al presidente democrático João Goulart, en lo que fue uno de los tantos golpes de Estado que tuvieron lugar en América Latina con complicidad de Estados Unidos. En el marco de la Guerra Fría, Goulart había promovido un acercamiento diplomático hacia la Unión Soviética (aunque no rompió relaciones con EE.UU.) y tomó medidas de tinte socialista, como reformas agrarias, tributarias, bancarias, educativas y la nacionalización de empresas extranjeras.

Las políticas del presidente del Partido Laborista Brasileño no cayeron nada bien entre empresarios, opositores y militares. Su antecesor, Jânio Quadros, ya había sido presionado por Estados Unidos para romper relaciones con gobiernos comunistas como los de Cuba y China, sin embargo fueron las decisiones de Goulart las que colmaron la paciencia del gigante norteamericano: a finales de 1963 el embajador estadounidense redactó un informe titulado “Un plan de contingencia para Brasil” temiendo un avance mayor de la izquierda y meses más tarde se llevó a cabo el golpe militar, apoyado logísticamente por EE.UU. bajo la “Operación Brother Sam”.

La última dictadura militar de Brasil se extendió por 21 años y atravesó por seis presidentes de facto. Humberto de Alencar Castelo Branco, quien cursó en la Escuela de Comando y Estado Mayor de los Estados Unidos, fue uno de los líderes del golpe y el primero de los militares en asumir la presidencia. Desmanteló a la izquierda del Congreso, abolió los partidos políticos, suspendió la Constitución que fue reemplazada por una serie de decretos dictados por las Fuerzas Armadas e impuso la censura de prensa.

Los llamados Actos Institucionales que reemplazaron la Constitución fueron actualizados en 1965 para decretar un falso sistema bipartito, lo que daría algo de legitimidad a un régimen que desde el comienzo fue ilegítimo: Alianza Renovadora Nacional (ARENA) era el partido de facto del régimen y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) la oposición moderada que lejos estaba de conseguir un triunfo. Frente a semejante teatralización de una supuesta democracia donde, de hecho, los gobernantes solo eran elegidos por el Congreso, con el tiempo los brasileños comenzaron a reclamar el derecho de elecciones populares bajo el movimiento “Directas Ya!” y la presión social logró que en 1984 se celebren los primeros sufragios indirectos: Tancredo Neves, del MDB, ganó la elección y se convirtió en presidente del Congreso, lo que abrió las puertas para que se convierta un año después en presidente de Brasil y terminase así con 21 años de dictadura militar.

Durante el gobierno militar se persiguió y reprimió a opositores, se aplastó la libertad de prensa y se cometieron severos actos contra los derechos humanos. Un informe publicado en 2014 por la Comisión de la Verdad, organismo creado por Dilma Rousseff, arrojó que hubo más de 400 asesinatos políticos o desaparecidos, más de 10.000 torturados y unos 8.000 indígenas exterminados para concretar planes de infraestructura y agricultura. Si bien las cifras de desaparecidos son ampliamente menores comparadas con los 3.000 de Chile o los 30.000 de Argentina, las estadísticas no dejan de reflejar una clara ruptura del orden constitucional.

La propuesta de Rousseff por la búsqueda de la verdad se enmarca en su pasado como guerrillera encarcelada por la dictadura militar, donde fue torturada durante 21 días. La expresidenta fue quien, justamente, eliminó del calendario el aniversario del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas, fecha que era celebrada en varios cuarteles militares y policiales hasta su suspensión. Lula da Silva también fue testigo en carne propia del hostigamiento del régimen: como sindicalista, en 1980 estuvo preso un mes sin juicio previo, lo que explica sus dichos en el 40º aniversario del 31 de marzo, cuando sentenció que “hay que mirar al 1964 como un episodio concluido, el pueblo brasileño aprendió a superar el autoritarismo y restablecer la democracia”.

Sin embargo, catorce años después de esa frase el pueblo brasileño eligió por más del 55% de los votos a Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que no oculta su nostalgia al régimen militar y mantiene intacta postura de reivindicación al golpe de Estado. Su carrera militar comenzó a principio de los setenta, en plena dictadura, y ahora como presidente se convirtió en el mejor representante de las Fuerzas Armadas: el vicepresidente Hamilton Mourão es un general retirado, ocho de los 22 ministros de su Gabinete fueron uniformados de alto rango y más de 100 funcionarios se encuentran entre el segundo y tercer escalón de la administración pública.

Los halagos hacia los militares por parte de Bolsonaro son de conocimiento público. En declaraciones ha llegado a decir que el error del gobierno de facto fue torturar y no matar y ha elogiado abiertamente al dictador chileno Augusto Pinochet y a su par paraguayo Alfredo Stroessner. Cuando votó a favor del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, el entonces diputado federal por Río de Janeiro dedicó su decisión a Carlos Alberto Brilhante Ustra, excoronel reconocido por perpetrar la tortura durante la dictadura militar.

La estrecha relación entre el Ejército y Bolsonaro explica mucha de las políticas actuales del mandatario, desde las designaciones a cargos políticos hasta la más recientemente controversial decisión de celebrar el 55º aniversario del golpe de Estado. “Nuestro presidente determinó que el ministerio de Defensa realice las conmemoraciones adecuadas en relación al 31 de marzo de 1964”, afirmó Otávio Rego Barros, portavoz del gobierno.

El revisionismo histórico que se busca implementar desde la jefatura parece ser una maniobra para minimizar las atrocidades cometidas durante una de las etapas más oscuras de la historia de Brasil. De hecho, el propio Bolsonaro niega que haya existido un golpe de Estado, sino más bien afirma que hubo un movimiento de civiles y militares que permitió derrotar a la izquierda e impedir la instalación del comunismo, algo que permitió “recuperar y devolver el rumbo de un país que estaba percibiendo el peligro que se aproximaba”.

A pesar de todo lo políticamente incorrecto que pueda parecer Bolsonaro, la mayoría de sus votantes lo eligió sabiendo quién era, cómo pensaba e intuyendo a qué ideología e intereses iba a responder. Un sondeo de la consultora Datafolha disparó que ocho de cada diez brasileños ven con buenos ojos a las Fuerzas Armadas, mientras que una encuesta de Latinobarómetro concluyó en que hasta el año pasado solo un 13% estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, lo que contextualiza la llegada de un outsider de la política, del primer miembro del Ejército con posibilidad de tener una candidatura viable desde 1985.

No obstante, varios sectores de la población civil y organismos internacionales le bajaron el pulgar en la decisión de reivindicar el último golpe de Estado. Organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, familiares y víctimas de la dictadura militar solicitaron ante el Supremo Tribunal Federal prohibir los actos del aniversario, aunque el vicepresidente Mourão haya intentado calmar las aguas afirmando que no habrá festejos públicos ni efusivos, solo “conmemoraciones puertas adentro”. Órganos estatales como el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública de la Unión también se opusieron a las celebraciones.

Como contrarrespuesta, se espera que el primero de abril colectivos en defensa de la memoria y movimientos progresistas realicen su propio acto en repudio a la dictadura militar en el Centro de Operaciones de Defensa Interna, en San Pablo, lugar donde se practicaban detenciones y torturas durante los 21 años que duró el régimen de facto.

La presión civil llegó a instancias judiciales en Brasil y el mundo. En un fallo dado a conocer el pasado viernes 29 de marzo, la jueza Ivani Silvia da Luz prohibió cualquier tipo de celebración del aniversario del golpe ya que “no es compatible con el proceso de reconstrucción democrática”. Por otra parte, el Instituto Vladimir Herzog y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB, Colegio de Abogados) denunciaron a Bolsonaro ante la ONU, exigiendo explicaciones de por qué decidió conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar.

En casi tres meses de gobierno, Jair Bolsonaro se ha mostrado mucho más pro-militar de lo que se creía, por más grandes que hayan sido los prejuicios. Los problemas de inseguridad de Brasil y la crisis del vecino del norte Venezuela son dos de las armas con las que coquetea el presidente para poder fortalecer a las Fuerzas Armadas. El ultraderechista ya ha evidenciado que no le tiembla el pulso a la hora de tomar políticas poco éticas, algo que podría llevar serios problemas para el país y la región. Mucho se intuye, pero poco se sabe hasta qué extremo podrá llevar sus decisiones durante los años que pueda llegar a durar su mandato, aunque en este poco tiempo ya tenemos una certeza: los militares están de retorno.

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